LA UNOPS Y EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN MÉXICO

Presenté un punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que ejerza sus facultades y considere como sujeto obligado, de manera directa, a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (por sus siglas en Inglés UNOPS) por el ejercicio de recursos públicos que realiza con motivo de la compra de medicamentos y material de curación, así como por los actos de autoridad que ejecuta a nombre del Estado mexicano.

En los últimos años, México ha enfrentado una crisis sanitaria por el desabasto de medicamentos en perjuicio de miles de personas que las necesitan y que ven vulnerado su derecho a la protección de la salud.

Como una aparente forma de atender esta situación, el 13 de febrero de 2019, el Gobierno de México y la UNOPS suscribieron un Acuerdo Marco de cooperación que viabilice la asistencia técnica de la UNOPS al Gobierno en las acciones relacionadas con la administración y gestión de proyectos, adquisiciones de bienes y servicios.

El 31 de julio de 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la UNOPS firmaron el Acuerdo Específico para la ejecución del proyecto de implementación «Adquisición de medicamentos y material de curación», en el que se indicó que este organismo internacional quedaba facultado «para que realice a nombre del Gobierno Mexicano los procedimientos de licitación con la finalidad de abastecer de medicamentos y material de curación al sistema de salud mexicano para el periodo 2021-2024, por el cual se le otorgará un monto de seis mil cinco millones de dólares para que realice estas funciones».

Todo este contexto lo ha descrito María Elena Pérez-Jaén Zermeño en su artículo ¡UNOPS, rinde cuentas, ya! publicado en el periódico Reforma, el pasado 29 de noviembre.

En seguimiento a lo anterior,María Elena Pérez-Jaén Zermeño, ex comisionada del IFAI, comenzó una investigación e hizo múltiples solicitudes de acceso a la información a la Oficina de la Presidencia de la República, a la SHCP, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al INSABI, en las que las respuestas fueron prácticamente unánimes: se declaró la inexistencia de la información. También, se las dirigió a la UNOPS y no hubo respuesta, a pesar de que el INSABI respondió que los contratos los tiene este organismo.

Es increíble que el Gobierno Federal, a través de sus dependencias y entidades públicas, la nieguen o peor aún, declaren su inexistencia. Al Gobierno de la «4T» se le olvida que la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales de todo Estado democrático.

En el caso de la UNOPS, siendo organismo subsidiario de la ONU, debe de considerarse que por el simple hecho de recibir y ejercer recursos públicos a nombre del Estado mexicano, debe de ser sujeto obligado directo de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información.  

Por tanto, es necesario que el Gobierno de México, a través de sus dependencias y entidades públicas, así como la UNOPS, en ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, de la transparencia y la rendición de cuentas informen sobre los procesos de adquisición de medicamentos y materiales de curación, de la participación que la UNOPS ha tenido con amplias facultades, del presupuesto que se ha ejercido de 2018 a la fecha y de la planeación que se tiene para el 2022. Necesitamos saber el destino de cada peso gastado y, en su caso, si existen ya investigaciones por las irregularidades que se hayan presentado.

Este punto de acuerdo lo presenté en conjunto con los senadores del Grupo Parlamentario del PAN.

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