El objetivo es facultar tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para que puedan contar con legitimación procesal para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, respectivamente.
De lograrlo, se fortalecería al Instituto Nacional como un auténtico defensor ante la SCJN de los principios constitucionales que rigen a nuestra democracia, a nuestros derechos político- electorales y a nuestros procesos electorales.
Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.