Se garantiza el derecho a la educación en todos los niveles y se basa en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
Le corresponde al Estado la rectoría de la educación, ratifica su carácter obligatorio, universal, inclusivo, público, gratuito y laico.
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente y sienta las bases del Sistema para la Carrera de los Maestros en sus funciones de docente, directiva o de supervisión.