“Este tren que está construyendo en Sonora es un tren sin proyecto ejecutivo, que lastima el hábitat. Este trazo es una devastación del ecosistema. Es una obra emblemática de la corrupción”.
Así se manifestó la Senadora Lilly Téllez García, al ser cuestionada sobre la obra que se realiza desde hace un año sin manifestación de impacto ambiental, en las inmediaciones de las ciudades de Ímuris y Nogales, esta última como frontera de Arizona.
Al señalar que se trata de una “vacilada” el documento que supuestamente ampara la manifestación de impacto ambiental, y que recientemente fue dado a conocer por parte de las autoridades, la legisladora sonorense destacó que la construcción del tren está causando daños irreversibles a un área natural protegida.
“Este tren, que esconocido como el ‘tren fantasma’, va a fastidiar el corazón del rancho ‘El Aribabi’, que es un lugar de preservación de la vida silvestre en Sonora, hábitat del jaguar, de oso negro y del ocelote. Pasa a 18 metros del único río de agua limpia de Sonora, el río Cocóspera. Los habitantes están preocupados, porque parece que el tren va a llevar residuos tóxicos”, dijo.
Explicó que el mote de “tren fantasma” nace a raíz que esta ferrovía se está construyendo sin que el gobierno dé información al respecto.
“Pensamos que es una construcción que se hace para beneficiar económicamente a no sabemos quién. Está en la opacidad total este trazo. Sabemos que las vías del tren terminarían en el muro fronterizo. Es decir, sacan unas vías que van a regresar al mismo lugar”, anotó.
Luego de hacer reclamo a la autoridad, pues se realiza la obra con dinero de los sonorenses y de los mexicanos, sin transparentar la operatividad del proyecto, manifestó su preocupación al tener conocimiento de que a algunas familias de Ímuris y Nogales las están obligando a vender sus propiedades, debido a que se encuentran dentro del trazo de la ferrovía que está instalando la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Nuestro compromiso (de Manlio Fabio Beltrones y de Lilly Téllez) es proteger jurídicamente a las familias afectadas. Se les va a defender socialmente, para evitar que los despojen de sus terrenos, para proteger nuestro dinero, porque lo están gastando en una obra de la que no tenemos idea. Y lo del impacto ambiental, como he señalado, pues es una vacilada”, sentenció.